*El Gobierno Federal los tienen como apestados, criminalizados y estigmatizados ” El olvido y el estigma sepultan a las familias de las víctimas a siete años de la tragedia
A siete años de la explosión en Tlahuelilpan que cobró la vida de más de 137 personas, la Fundación “Por Ti Sea”, denunció que el Gobierno Federal mantiene una política de estigmatización y olvido sistemático contra las víctimas, a pesar de que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la responsabilidad del Estado en un informe emitido el pasado 21 de junio de 2025.
UN INFORME “CONGELADO” Y LA VERDAD OFICIAL
Miguel Nava Alvarado, representante de la Fundación “Por Ti Sea, destacó que el Informe Especial de la CNDH confirma que la población que acudió al ducto el 18 de enero de 2019 lo hizo en un estado de alta vulnerabilidad y desabasto de combustible. El documento revela un dato clave: la SEDENA vigilaba la zona desde el 16 de enero.
“No es que lo diga su abogado, lo dice el máximo organismo de derechos humanos: las víctimas fueron criminalizadas para cubrir el desorden de las autoridades. Hubo presencia militar y de la Gendarmería que no pusieron orden, derivando en la tragedia”, afirmó Nava.
DOBLE RESPONSABILIDAD Y FALTA DE REPARACIÓN
El representante legal, quien también llevó el caso de la Guardería ABC, señaló que la emisión de un “Informe Especial” (bajo el Art. 71 de la Ley de la CNDH) ocurre solo cuando las autoridades se niegan a entregar información, lo que evidencia una doble negligencia: la omisión durante la explosión y la opacidad posterior.
Actualmente, la Fundación representa a cerca de 50 familias y ha promovido juicios de amparo debido a que la actual titular de la CNDH se niega a recibir a las víctimas y a entregar el expediente completo.
UN INFORME “OPORTUNISTA” TRAS EL SEXENIO DE AMLO
Nava Alvarado enfatizó la sospechosa temporalidad del Informe Especial emitido el 21 de junio de 2025. El documento, que detalla la responsabilidad de la SEDENA y la Policía Federal en la tragedia de 2019, fue publicado meses después de que concluyera el mandato de Andrés Manuel López Obrador.
“Esperaron a que el expresidente saliera del poder para emitir un informe que, de manera sorprendente, acusa al Gobierno Federal de una negligencia que provocó muerte y destrucción. Es un informe a modo para no tocar al poder cuando estaba en funciones”, señaló el jurista.
ROSARIO PIEDRA: “LA PUERTA CERRADA”
A pesar de que el informe de la CNDH reconoce que las víctimas fueron estigmatizadas y criminalizadas por el Estado, la actual presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, ha rechazado todas las solicitudes de audiencia de los familiares y sobrevivientes.
“Es indignante la violación a los derechos humanos de las víctimas. La titular firma un documento admitiendo que se les falló, pero se niega a recibirlos para iniciar la reparación del daño. En términos coloquiales: se está rajando de su propia firma”, sentenció Nava Alvarado.
Exigencias de la defensa
La estrategia legal busca la reparación integral del daño bajo cinco ejes de la Ley General de Víctimas:
- Medidas restitutorias: Recuperación de empleos y calidad de vida.
- Rehabilitación: Atención médica y psicológica urgente para sobrevivientes como José Guadalupe.
- Compensación económica.
- Satisfacción: Disculpa pública del Estado.
- No repetición: Mecanismos que eviten otra tragedia similar.
“A nosotros nos vale madre qué partido gobierne; esto es cumplimiento de la ley. El Estado está obligado a reparar lo que él mismo reconoce que rompió”, concluyó el abogado, advirtiendo que, de no hallar respuesta en México, llevarán el caso a instancias internacionales.
