*Mientras la directiva presume inversiones por 6 mil 500 millones de pesos y finanzas estables, extrabajadores de Grupo Azul y filiales denuncian abandono laboral, aplazamientos judiciales y desamparo de viudas, a la par de reclamos por deudas comerciales pendientes y un millonario blindaje de seguridad en la fábrica.
Por: J. Alejandro Torres Castañeda
Tula de Allende, Hidalgo.- El contraste financiero y social al interior de la Cooperativa La Cruz Azul exhibe dos caras opuestas: por un lado, el anuncio rimbombante de una inversión multimillonaria para reactivar la emblemática planta cementera de Tula; por el otro, una estela de litigios, despidos, laudos laborales pendientes de liquidar, viudas en el olvido y reclamos de proveedores locales que aseguran no haber recibido el pago de pasivos comerciales acumulados.
El presidente del Consejo de Administración, Víctor Manuel Velázquez Rangel, presentó un plan de inversión por 6 mil 500 millones de pesos destinado al reacondicionamiento técnico de la fábrica y a la generación proyectada de más de 14 mil empleos directos e indirectos en la región hidalguense. En el plano corporativo, la dirigencia sostiene ante la opinión pública que la cementera goza de “finanzas saneadas” y plena certidumbre legal.
No obstante, la realidad relatada por extrabajadores, viudas de socios y proveedores dibuja un escenario diametralmente distinto: en reuniones privadas —tanto presenciales como vía remota—, los representantes de la cooperativa argumentan falta de liquidez y una supuesta operación en “números rojos” al momento de afrontar obligaciones económicas directas.
El frente laboral: laudo ganado y freno vía amparo
El expediente de origen 24/2023, radicado en el Segundo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, derivó en una sentencia favorable para cerca de 160 trabajadores adscritos a Grupo Azul, empresa filial que suministraba la fuerza operativa a las instalaciones cementeras.
Pese a que la justicia laboral ordenó el pago correspondiente y se concretaron liquidaciones parciales de subsistencia bajo mandato judicial, la cooperativa interpuso el juicio de amparo indirecto 1816/2024 ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. Dicho recurso mantiene congelado el cobro de los intereses computados del 19 de mayo de 2022 al 9 de julio de 2024, que legalmente corresponden a la plantilla demandante.
Paralelamente, representantes de la cooperativa han convocado a los extrabajadores a mesas de diálogo en sus oficinas corporativas de Gran Sur, en la Ciudad de México, y desde Ciudad Cooperativa vía Zoom, donde los presionan para firmar convenios de transacción y desistimiento de los procesos judiciales.
Representantes legales del gremio obrero alertaron que renunciar al procedimiento dejaría a los exempleados en total indefensión, toda vez que los intereses generados constituyen un derecho adquirido y ratificado por la autoridad laboral, agravado por el hecho de que la mayoría de los afectados son adultos mayores de 60 años en situación de alta vulnerabilidad económica.
El desamparo en filiales, viudas y salarios precarios
La fractura social va más allá de quienes emprendieron acciones legales. Decenas de trabajadores de Grupo Azul que no interpusieron demanda laboral, así como personal adscrito a una amplia red de empresas y organismos vinculados a la cooperativa, quedaron en el absoluto desamparo.
Entre las áreas afectadas figuran empleados de CECOM, Médica Azul, Club Deportivo Cruz Azul, Concretos Cruz Azul, Generación 2000 y Centro Clínico, entre otras, así como colaboradores de la asociación de jubilados. A este drama humano se suman las viudas de socios cooperativistas quienes, según denunciaron, tampoco han recibido las pensiones y pagos que legítimamente les corresponden tras el fallecimiento de sus cónyuges.
Los inconformes señalaron directamente a Víctor Manuel Velázquez de dar largas sistemáticas para cubrir los adeudos a personal que acumula más de 30 años de antigüedad. Denunciaron que, a lo largo de su vida productiva, percibieron ingresos precarios: como prueba de ello, extrabajadores exhibieron recibos de nómina con percepciones de apenas cinco a seis mil pesos mensuales en empresas filiales que terminaron atrapadas y asfixiadas en medio de la disputa por el control de la cementera.
Los afectados recalcaron haber confiado en los compromisos públicos asumidos tanto por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, como por el propio Víctor Manuel Velázquez tras la entrega de la planta, quienes les aseguraron que serían justamente retribuidos por una vida de servicios prestados; promesas que hoy califican como un rotundo engaño.
Millonario búnker vs. austeridad para los trabajadores
En agudo contraste con la supuesta falta de liquidez para liquidar al personal y pagar a las viudas, los denunciantes cuestionaron que la directiva encabezada por Velázquez Rangel ha destinado sumas millonarias a blindar la planta de Ciudad Cooperativa en Tula.
La periferia de las instalaciones ha sido intervenida con un cerco de vallas metálicas reforzadas y tendidos de alambre de navajas tipo concertina. Al interior del complejo industrial, la seguridad cotidiana está a cargo de custodios privados fuertemente armados, mientras que en las áreas perimetrales y de acceso público se mantiene el despliegue permanente de elementos de la Policía Industrial Bancaria del estado, evidenciando un gasto desmedido en contención física mientras se regatea el pago legal a la base trabajadora.
Proveedores locales reclaman pasivos acumulados
A la crisis laboral se suma la asfixia del sector productivo local. Mediante un pronunciamiento público, la agrupación Empresarios Unidos por la Cooperativa Cruz Azul S.C.L. denunció adeudos millonarios por concepto de proveeduría de insumos, trabajos de mantenimiento y servicios especializados brindados durante los últimos años a la fábrica de Tula.
Los comerciantes y contratistas recordaron que, tras la toma de control del inmueble fabril, la directiva prometió conciliación y cumplimiento puntual de los compromisos comerciales. Sin embargo, acusaron que hasta la fecha las solicitudes de audiencia formal enviadas a las oficinas centrales han sido ignoradas, poniendo en riesgo de quiebra a micro y pequeñas empresas regionales cuya subsistencia depende de la cadena de valor cementera.
“Paz social”: un discurso calificado de demagogia
Para las decenas de extrabajadores y socios que han seguido los juicios laborales, las aseveraciones de estabilidad y conciliación frente a los intereses de las autoridades gubernamentales son calificadas como una mera postura demagógica.
Señalan la incongruencia de proyectar orden social en los medios cuando en las reuniones a puerta cerrada los emisarios de Cruz Azul insisten en la carencia de fondos para eludir responsabilidades legales. Asimismo, subrayan que la narrativa de pacificación choca frontalmente con el historial de confrontación y violencia vivido durante los operativos por el control de la planta, tras los cuales varios cooperativistas y adultos mayores fueron reprimidos, sometidos e incluso encarcelados, viéndose orillados a firmar renuncias a sus prestaciones para recobrar la libertad, a la par de decenas de obreros desalojados bajo promesas de indemnización que siguen sin concretarse.
Plazo vencido y exclusión de mano de obra local
Se vencen las fechas y compromisos proyectados por las autoridades estatales y la cúpula cooperativista.
El pasado 19 de mayo, en conferencia de prensa en Pachuca, el gobernador Julio Menchaca Salazar aseguró públicamente que la fábrica cementera de Tula reiniciaría actividades formales antes de su Tercer Informe de Gobierno, programado para los primeros días de septiembre, calificándolo entonces como un paso decisivo en la pacificación y reactivación económica.
Sin embargo, a escasas horas de que el mandatario rinda su informe ante el Congreso estatal, el plazo se cumplió y la realidad en la planta desmiente el discurso oficial: las instalaciones continúan sin reactivar sus hornos y no se ha producido un solo bulto de cemento.
A ello se añade la fractura de los compromisos laborales asumidos tras el operativo judicial de febrero con el que la facción de Víctor Manuel Velázquez recuperó el control físico del complejo. En reiteradas intervenciones públicas —ratificadas durante los anuncios de inversión del pasado mes de agosto—, tanto el gobernador Menchaca como la dirigencia de Velázquez Rangel prometieron que se daría prioridad a la recontratación de extrabajadores y mano de obra regional para encabezar los trabajos de rehabilitación y puesta en marcha.
Dicha promesa no se cumplido: obreros y extrabajadores denunciaron que el personal que hoy realiza maniobras al interior del inmueble ha sido ingresado mediante contratistas y compañías intermediarias externas, marginando deliberadamente a la base trabajadora local que históricamente forjó la cooperativa.
La reactivación de una de las plantas industriales más emblemáticas del país avanza en medio de profundas tensiones: cuenta con capital comprometido para su blindaje operativo y para proveer de cemento a proyectos federales, pero arrastra una densa deuda humana, laboral y comercial que sigue abierta en los juzgados. Al tiempo que se espera que el sur de Hidalgo vuelva a reactivar su economía que giraba entorno a la cooperativa más importante de América latina “La Cruz Azul”.
