- Natalia T. C., quien fungió como responsable de las finanzas municipales durante el periodo de Raúl López Ramírez, obtuvo un laudo laboral a su favor, abriendo la puerta a un cobro millonario y a la incongruente exigencia de ser reinstalada como tesorera.
- La actual Sindicatura Jurídica, encabezada por María Isabel García Ramírez, contaba con un recurso clave en la carpeta penal de la Fiscalía Anticorrupción para frenar el asalto a las arcas municipales.
Por: José Alejandro Torres Castañeda
ATOTONILCO DE TULA, HGO. – En un descarado desafío al municipio, la ex tesorera municipal, Natalia T. C., no solo recibió un pago millonario a través de un litigio laboral por haber sido trabajadora de confianza, sino que además pedía su reinstalación como titular de las finanzas públicas. Se trata del mismo departamento desde donde operó las cuestionadas maniobras financieras que marcaron las gestiones de los exalcaldes Raúl López Ramírez y Julio César Ángeles Mendoza, a pesar de que su administración ya había concluido.
A pesar de los severos antecedentes de opacidad que arrastra su historial, Natalia logró que el tribunal laboral en Mineral de la Reforma dictara, el pasado 31 de octubre de 2024, un laudo definitivo dentro del expediente 36/2021. El fallo condenó al Ayuntamiento de Atotonilco de Tula a pagarle una suma acumulada por concepto de salarios caídos, aguinaldos y primas vacacionales desde enero de 2021 hasta la fecha.
Debido a los casi cuatro años que duró el juicio, la bolsa alcanzó más de 1 millón 166 mil pesos, monto que le fue pagado en octubre de 2025, según consta en una de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), donde se le solicita al Ayuntamiento la documentación comprobatoria y justificativa mediante el oficio número ASEH/DAS/DGFSM/2641/2026.
La mayor incongruencia en este caso radica en los términos de la resolución laboral, la cual ordenaba regresar físicamente a Natalia a la Tesorería Municipal. La exfuncionaria reclamó estabilidad laboral bajo el argumento de un “despido injustificado”, omitiendo convenientemente que su salida se debió al cambio de administración, además estuvo enmarcada en escándalos entre los que sobresale la retención ilegal de sueldos durante 2019 y 2020.
En aquel momento, ante los reclamos del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), la propia Natalia confesó mediante un oficio que había dispuesto y gastado el recurso etiquetado de las nóminas en rubros completamente distintos y no autorizados, configurando una grave violación al Presupuesto de Egresos.
Frente a esta contingencia financiera heredada, la actual síndico Jurídico del municipio, María Isabel García Ramírez, asumió una posición clave para la defensa del patrimonio de los atotonilquenses. Diversos analistas legales coinciden en que la Sindicatura tenía en sus manos una herramienta legal sumamente valiosa para neutralizar el laudo: la causa penal con número de expediente FEDC7/UNIDADIII/09872020/524/2022, radicada en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción en contra de la ex tesorera.
Esta investigación penal en contra de Natalia por el presunto delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades —derivado precisamente de la distracción de recursos que oscilan entre los 1.8 y 2.3 millones de pesos— pudo frenar el laudo; por el contrario, además de desviar recursos, fue gratificada.
Respecto al monto desviado, el tribunal le ordenó regresar aproximadamente 500 mil pesos. El cabildo aprobó durante la sesión ordinaria 01/2023, con 17 votos a favor y uno en contra, que la ex tesorera devolviera el dinero en plazos durante tres años como reparación del daño, contando con el acompañamiento de la síndico Isabel García como representante legal del municipio.
En entrevista, la síndico Isabel García Ramírez señaló que, a pesar de la causa penal de la fiscalía en contra de la ex tesorera, el juez le indicó que eran temas separados, por lo cual debían pagar la resolución del laudo.
En cuanto a la interposición de un amparo para que el municipio no dañara sus arcas, dijo que no vio caso en seguir alargando el proceso. Argumentó que el municipio se vio obligado a liquidar el laudo en favor de la ex tesorera municipal debido a que la defensa legal de administraciones pasadas dejó al gobierno totalmente “desarmado” desde el inicio del litigio.
“Meten el amparo, te sale otra vez la sentencia y es darle vueltas y que se sigan aumentando los salarios caídos. Al final, si metes otro recurso después del amparo, van aumentando los salarios en todos. No le vi caso a alargar el proceso”, reconoció abiertamente, por lo que estuvo en la disposición de que se pagara sin mayor resistencia.
Ante la agresiva estrategia del abogado de la ex tesorera, la funcionaria municipal confesó que no hubo margen para negociar una reducción del dinero cobrado, logrando únicamente evitar el escarnio social que habría significado la incongruencia del regreso de Natalia a las oficinas de la tesorería durante esta administración.
Así, la ex tesorera se llevó más de un millón de pesos y aún no liquida el total de la reparación del daño por desvío de recursos, ya que tiene hasta el 2027 para saldar un aproximado de 500 mil pesos, de los más de 2 millones que se desviaron según la causa penal radicada en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Otros pagos millonarios heredados
De la misma administración 2016-2020, Claudia O. G., vecina de la comunidad de Vito, recibió 1 millón 110 mil pesos, y Óscar Eduardo H. M. recibió un millón de pesos, sin que se buscara una apelación a la resolución laboral; sobre estos últimos, la actual síndico dijo en la entrevista no recordar qué puestos desempeñaban.
Asimismo, de la administración 2012-2016, el entonces director de electrificaciones, Miguel A. L. R. —hermano del alcalde del periodo 2018-2020, Raúl L.— recibió una indemnización por 2 millones 526 mil pesos.
