*El municipio pierde batalla legal por un contrato irregular firmado en la administración 2016-2020; la deuda asfixiara las finanzas públicas.
Por; José Alejandro Torres Castañeda
ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO. – Mañana 12 de mayo se prevé que el asesor legal del municipio de a conocer oficialmente la perdida de litigio por las patrullas chatarra que dejo el ex alcalde Julio Cesar Ángeles.
El municipio enfrentará uno de sus mayores descalabros financieros tras confirmarse el revés legal en el litigio contra la empresa arrendadora ID Leasing S.A.P.I. de C.V. La disputa, originada por la renta de patrullas durante la gestión de Raúl López Ramírez (quien asumió el cargo tras la licencia de Julio César Ángeles Mendoza), ha dejado una deuda que ya se cuenta por decenas de millones de pesos.
El Origen del Conflicto
Todo comenzó el 5 de septiembre de 2017, cuando la administración encabezada en ese entonces por Julio César Ángeles Mendoza y ejecutada por Raúl López, firmó un contrato para el arrendamiento de 15 unidades:
10 patrullas de Seguridad Pública.
2 ambulancias para Protección Civil.
A pesar de que el servicio se pactó bajo el esquema de arrendamiento, el municipio dejó de cumplir con los pagos mensuales casi un año antes de terminar su periodo.
Al término del periodo 2016-2020, las unidades no solo no fueron pagadas, sino que fueron entregadas a la administración siguiente en calidad de “chatarra”, descompuestas o incluso chocadas, permaneciendo por años en un estacionamiento de la alcaldía sin utilidad alguna.
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Las Irregularidades Detectadas
De acuerdo con declaraciones del actual ayuntamiento y auditorías estatales, el contrato se realizó con vicios graves:
Falta de Licitación: El arrendamiento se habría realizado de manera directa y, según reportes, casi a “título personal”, sin seguir los protocolos de la cuenta pública.
Omisión de Pagos: Ni Raúl López, ni el Concejo Municipal Interino, ni la administración posterior lograron sanear el adeudo, lo que generó intereses moratorios masivos.
Vicios Legales: Se detectaron irregularidades en las cláusulas de mantenimiento y seguros, lo que debilitó la defensa jurídica del municipio.
El Golpe Económico: De 3 a 105 Millones
Lo que inició como una deuda de aproximadamente 3 millones de pesos por mensualidades vencidas, escaló drásticamente debido a los recargos, la indemnización por incumplimiento y el tiempo transcurrido.
Recientemente, se ha informado que la empresa reclama una suma que supera los 105 millones de pesos. A pesar de los esfuerzos por ampararse, los juzgados han comenzado a dar la razón a la arrendadora, dejando al municipio en una posición de vulnerabilidad total, donde el pago de esta sentencia significaría un detrimento directo a la obra pública y servicios básicos para los ciudadanos.
Este caso se suma a la larga lista de señalamientos de corrupción y mala administración que han caracterizado las gestiones de Julio César Ángeles Mendoza en Atotonilco de Tula, donde sus decisiones que han beneficiado a unas cuantas empresas , terminan siendo pagadas por los impuestos de toda la población.
