Por; José Alejandro Torres Castañeda
Tepetitlán, Hgo Mientras en los recintos legislativos de la capital del país las dependencias federales presentan gráficas de avance, en las márgenes de la Presa Endhó los habitantes denuncian vivir una emergencia sanitaria y económica sin precedentes. Afectados por una invasión descontrolada de lirio acuático y enjambres permanentes del mosco Culex, los pobladores de municipios como Tepetitlán y Tula de Allende, señalan la simulación en las obras y opacidad en el ejercicio de los recursos anunciados hace dos años en el Plan de Restauración Ambiental del gobierno federal.
El maquillaje de cifras: correcciones en la tribuna federal
El contraste entre el discurso gubernamental y la realidad comunitaria quedó evidenciado en las recientes comparecencias oficiales. Durante la conferencia matutina del pasado 30 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) expuso láminas que aseguraban una reducción del 47 % en la presencia del mosco Culex.
No obstante, apenas una semana después —el 7 de octubre, durante la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cámara de Diputados en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno—, la titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra, modificó la presentación. Ante los reclamos de los ribereños, la cifra porcentual fue suprimida de las diapositivas oficiales, limitándose a enunciar de forma genérica una «disminución del mosco», junto a la supuesta extracción de 140 mil metros cúbicos de lirio y la aplicación de 75 millones de pesos.
Para los habitantes ribereños, estos números no coinciden con las condiciones del vaso de la presa, el cual calculan cubierto en cerca del 90 % por maleza acuática.
«No hay para atrás ni para adelante; estamos igual o peor»
La inconformidad no proviene únicamente de la sociedad civil organizada. La presidenta municipal de Tepetitlán, Ana Elsa, denunció que a pesar de que el decreto de restauración contempla un plazo de 12 años, la población no puede esperar más tiempo ante el deterioro generalizado de su entorno.
«Lamentablemente en la zona de Tepetitlán el tema de la restauración no se ve. Lejos de que podamos decir que se están cumpliendo las metas, no hay ni para atrás ni para adelante: estamos exactamente iguales o peor», enfatizó la alcaldesa.
La mandataria local expuso que las comunidades enfrentan emanaciones de gases corrosivos que deterioran las viviendas y dañan estructuras metálicas, a lo que se suma la ineficacia de los operativos químicos. Según detalló, las fumigaciones actuales no logran erradicar al insecto y, por el contrario, provocan afectaciones en los colonos como cefaleas, irritación ocular, ardor de garganta e infecciones estomacales.
La alcaldesa cuestionó el esquema financiero implementado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y SEMARNAT:
«En lugar de estar rentando camiones y maquinaria, saldría mejor invertir en la compra de trituradoras. Se excusan diciendo que triturar el lirio envenena el agua o que los residuos se reproducen, pero son pretextos para no admitir que su estrategia falló. Cuando señalamos que no funciona, nos tachan de estar en contra del gobierno; incluso fuimos a Palacio Nacional y nos encapsularon con granaderos como delincuentes cuando sólo pedíamos atención».
El impacto en la Salud de las familias
El deterioro en las comunidades no sólo es ambiental, sino que se ha convertido en una crisis de salud pública que golpea a los hogares más vulnerables. El impacto diario queda reflejado en el testimonio de Belén Castillo Trinidad, habitante de la comunidad de Santa María Daxthó.
Belén expuso las secuelas físicas que la proliferación descontrolada de la plaga ha provocado directamente en su cuerpo, mostrando marcas y lesiones severas causadas por las picaduras incesantes del mosco Culex. Su caso visibiliza la indefensión en la que se encuentran madres de familia y niños de las localidades ribereñas, quienes reportan que ni el encierro obligado al anochecer ni los repelentes evitan que los enjambres penetren en los hogares, provocando infecciones cutáneas, ardor e hinchazón continua.
Muerte de ganado y encierro forzado en Santa María Daxthó
El impacto de la plaga no se limita a las molestias urbanas; representa la pérdida del patrimonio familiar de pequeños productores agropecuarios en comunidades como Santa María Daxthó.
Leonardo Yáñez Martínez, habitante de dicha localidad, mostró las secuelas en sus animales de corral, donde las crías mueren desangradas ante la densidad de los insectos:
«Los borregos se tallan la cabeza, el cuello y el lomo contra las paredes por la comezón. Hace una semana se me murió uno de dos días de nacido: como no se levantan rápido, en dos noches lo chuparon. El problema ya no es sólo en la tarde, es día y noche. Nosotros nos tenemos que encerrar a las 6:30 de la tarde, pero el ganado se queda sufriendo allá afuera».
En los mismos términos se pronunció Lucio Sánchez, vecino y productor de la zona, quien contabiliza pérdidas irreversibles en su economía doméstica:
«Tenía 16 borreguitas y ya se murieron 10, sólo me quedan seis; y a mi esposa se le murieron las 50 gallinas que tenía. Hemos ido a la Cámara de Diputados, a CONAGUA y a SEMARNAT; se firman minutas y minutas, pero no hacen caso. Mandan dragas y maromas que apenas rascan el lirio a la orilla; pareciera que esto ya lo agarraron como negocio político».
Exigencia técnica frente a la simulación
Tanto vecinos como productores veteranos recordaron que en administraciones estatales pasadas la solución real implicó el uso de maquinaria trituradora de alta capacidad y aspersiones sistemáticas sobre las larvas, lo que permitió mantener el espejo de agua libre durante periodos prolongados.
En contraste, los pobladores denuncian que las camionetas de fumigación enviadas por las autoridades aplican fórmulas improvisadas: testimonios locales aseguran haber presenciado cómo operadores vierten cantidades mínimas de químico en tambos con agua sin proporciones técnicas, resultando en aspersiones que únicamente dispersan a las nubes de zancudos hacia el interior de las viviendas.
Con el plazo del decreto corriendo y la molestia social en aumento, los pueblos ribereños de Tepetitlán y Tula de Allende exigen una auditoría a fondo sobre los recursos anunciados, la sustitución inmediata de las dragas por trituradoras industriales y una intervención sanitaria seria que detenga las afectaciones a la salud de niños y adultos mayores antes de que la crisis desemboque en movilizaciones mayores.
