ATOTONILCO DE TULA, HGO. – El patrimonio municipal de Atotonilco de Tula se encuentra bajo una amenaza financiera sin precedentes. Tras la sentencia definitiva del Juez segundo de lo civil en Tula de allende, del litigio derivado del arrendamiento de patrullas durante la administración 2016-2020, el erario público enfrenta un detrimento que podría ascender a los 105 millones de pesos.
De acuerdo con la información proporcionada por Francisco Juárez Cuevas, asesor legal del ayuntamiento, el conflicto se originó por una contratación indebida bajo la figura de arrendamiento financiero, una modalidad estrictamente prohibida por la Ley de Arrendamiento de Bienes y Servicios del Estado de Hidalgo.
El asesor jurídico del ayuntamiento Francisco Juárez Cuevas, informó que el expresidente municipal Julio César Ángeles Mendoza, así como al entonces tesorero y síndico, fueron los responsables de suscribir un contrato que “nació muerto” jurídicamente.
El asesor legal explicó que la administración 2016-2020 no solo realizó una contratación ilegal de 12 unidades, sino que dejó de pagar las rentas desde julio de 2019. Al ser demandados por la empresa ID Leasing S.A.P.I. de C.V. en diciembre de ese año, el gobierno ya del suplente Raúl López Ramírez contestó la demanda en febrero de 2020 sin interponer ningún tipo de defensa ni excepción legal.
“El medio de defensa no se interpuso desde el inicio. Yo preguntaría: ¿lo hicieron con alguna intención?”, cuestionó la presidenta municipal Yocelyn Tovar Mendoza, sugiriendo que la falta de argumentos legales durante la contestación inicial fue una acción deliberada para asegurar la derrota del municipio en los tribunales.
El impacto financiero
Aunque inicialmente se hablaba de una condena por 33 millones de pesos, la falta de una defensa sólida y el paso del tiempo han inflado la cifra de manera alarmante:
- Sentencia por rentas caídas: 40,595,756 pesos.
- Intereses moratorios estimados: Aproximadamente 46 millones de pesos adicionales.
- Pago por reparación de unidades e intereses adicionales: Cerca de 17 millones de pesos.
- Total estimado: 105 millones de pesos.
Juárez Cuevas detalló que las unidades desde que termino la administración 2016_2020 ya se encontraban en estado de “chatarra” e inservibles, por lo que el municipio además ha sido condenado a la reparación integral de las mismas.
El Ayuntamiento informó que se agotaron todas las instancias, incluyendo apelaciones y juicios de amparo. Sin embargo, en todas las etapas, los magistrados determinaron que, aunque el municipio tuviera razón sobre la ilegalidad del contrato, dicho argumento debió presentarse al contestar la demanda original en 2020, oportunidad que la administración de Julio César Ángeles dejó pasar.
Como dato adicional que añade controversia al caso, se destaca que el juez Marco Antonio Cerón Ceballos, vinculado al proceso, cuenta con antecedentes de sanciones por parte del Poder Judicial de Hidalgo en 2019 por transgredir principios de legalidad, honradez e imparcialidad, según reportes oficiales.
Durante la sesión de cabildo donde se desglosó el impacto de este fallo judicial, las reacciones de los asambleístas fueron tajantes. El regidor Higinio Chávez no dudó en calificar el esquema de arrendamiento como un fraude.
“Es un fraude de quien tiene intereses negros y que todavía pretende seguir por ahí, buscando servirse a lo grande”, sentenció Chávez, en clara alusión a los responsables de la pasada administración.
En un consenso casi total, los integrantes del cuerpo colegiado pidieron que se busquen alternativas jurídicas y que se proceda legalmente hasta sancionar a los exfuncionarios que, por omisión o dolo, permitieron que el juicio se perdiera.
A pesar de la gravedad del daño patrimonial, la postura de la regidora Sadie Ángeles Martínez, hija del expresidente Julio César Ángeles Mendoza, destacó por su marcada indiferencia. Mientras el resto de sus homólogos pedía cuentas claras, la asambleísta mostró desinterés durante la exposición del caso.
Al finalizar la sesión, se intentó obtener una declaración de la regidora Ángeles Martínez para conocer su postura ante los señalamientos que pesan sobre la administración de su padre; sin embargo, se negó argumentando “estar ocupada”.
