*”El amparo no iba a proceder”, argumentó la sindico Isabel García Ramírez ante su decisión
* Durante la sesión, la presidenta asume la representación jurídica directa del municipio
Por: J. Alejandro Torres Castañeda
Atotonilco de Tula, Hgo.- Durante el desahogo de la Décima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada este viernes 6 de noviembre, estalló un severo conflicto institucional al interior del Ayuntamiento de Atotonilco de Tula. La presidenta municipal, Yoselyn Tovar Mendoza, denunció públicamente que la síndica jurídica de primera minoría, María Isabel García Ramírez, presuntamente incurrió en violaciones legales al desistirse por cuenta propia de recursos de defensa ante tribunales, dejando desprotegido al municipio frente a una condena mercantil que asciende a más de 105 millones de pesos.
La acusación: Violación al Artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal
Durante los asuntos generales, la alcaldesa Yoselyn Tovar alertó que “intereses mezquinos, personales o de grupo” ponen en grave riesgo el erario y la obra pública social. De acuerdo con acuerdos jurisdiccionales publicados, la síndica revocó autorizaciones de defensores municipales y se desistió formalmente del recurso de queja federal radicado ante tribunales del Vigésimo Noveno Circuito.
Tovar Mendoza puntualizó que esta determinación contraviene de manera directa el Artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, el cual establece con total claridad:
“Los Síndicos están impedidos para desistirse, transigir, comprometer en árbitros o hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorguen las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento.”
La presidenta remarcó que dicho desistimiento nunca se sometió a votación del pleno y se ejecutó en la opacidad, por lo que ordenó dar vista inmediata al Órgano Interno de Control para deslindar responsabilidades administrativas o penales.
El conflicto: Renta de patrullas de 2017 y riesgo de embargo
El litigio data del año 2017 por un contrato de arrendamiento de patrullas que dejó de pagar el ultimo año de la administración de Julio Cesar Ángeles Mendoza y Raúl López Ramírez 2016 -2020, lo que devino en el juicio ordinario mercantil 23/2020, radicado en el Juzgado Segundo de lo Civil y Familiar de Tula de Allende, el cual se cree que de forma premeditada no fue correctamente contestada para que el municipio perdiera desde inicio el juicio.
Para contener la sentencia, el área jurídica municipal promovió el juicio de amparo indirecto 2110/2026 en el Juzgado Primero de Distrito y el recurso de queja 447/2026 ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito.
Actualmente existe un requerimiento judicial que ordena el pago urgente de 33 millones 500 mil pesos, más la actualización de rentas y la devolución física de los vehículos policiales, cifra que en su totalidad rebasa los 105 millones de pesos heredados de administraciones pasadas.
La postura de la Sindico: “El amparo no iba a proceder”
Al fijar su posicionamiento, la síndico María Isabel García Ramírez aceptó haberse desistido de las acciones jurídicas, argumentando que las promociones presentadas por el área jurídica municipal carecían de técnica y estaban mal planteadas procesalmente.
García Ramírez afirmó haber detectado inconsistencias en el expediente judicial de Tula y defendió haber contratado con recursos propios a una asesora legal externa: “Fui al Colegiado a desistirme del recurso de queja porque no tiene ningún sentido, no íbamos a salir beneficiosos. Asumo la responsabilidad de haberme quitado la representación del jurídico municipal porque no cumplió la defensa del municipio”, sostuvo ante el asombro de los asambleístas.
Rechazo unánime del Cabildo y cobro de honorarios
La postura de la síndico fue duramente refutada por los integrantes de la asamblea. El regidor Edgar Hernández acusó a García Ramírez de allanarle el camino a la empresa cobradora: “Usted no es jueza para determinar si procedía o no. Violó el artículo 68 al no consultarnos. En mesas de trabajo nos decía ‘ya perdimos, hay que apartar dinero para pagar’, pareciendo la principal interesada en liquidar esa deuda”, increpó.
Por su parte, la regidora Rosario Martínez reveló el motivo por el cual el Cabildo rechazó previamente a la abogada particular de la síndico: pretendía cobrar 4 millones de pesos del erario público para encargarse del caso, advirtiendo que la negligencia procesal de la síndico expone al municipio a un embargo de bienes públicos en cualquier momento.
La presidenta asume representación jurídica directa
Para cerrar el ríspido punto informativo, la secretaria general municipal, Martha Monterrubio, confirmó que la contraloría municipal levantó acta de los hechos para iniciar el procedimiento sancionador correspondiente.
Asimismo, se dio lectura a la aplicación del Artículo 59, Fracción II, de la Ley Orgánica Municipal de Hidalgo, el cual faculta a la presidenta municipal para asumir plenamente la representación jurídica del Ayuntamiento y designar apoderados especiales cuando el síndico esté impedido legalmente o no asuma la defensa de los intereses públicos, asegurando que se agotarán todas las instancias legales para evitar la pérdida de los recursos destinados al desarrollo social de Atotonilco de Tula.
