* Entre sentencias agrarias desfavorables, nulo interés del gobierno estatal por negociar y una rectoría sin proyecto de crecimiento, la Universidad Politécnica de la Energía en Tula se enfila a su desaparición, amenazando la formación Profesional de cientos de jóvenes en el Valle del Mezquital.
* 20 hectáreas gratis: la oferta ejidal que el Estado tiró a la basura
* Sin escrituras ni permisos: el error millonario de la SEPH y el INHIFE
*Asfixia de matrícula: la coartada perfecta para no salvar a la institución
Por: J. Alejandro Torres Castañeda
TULA DE ALLENDE, HGO. — Concebida en diciembre de 2014 bajo un decreto estratégico para apuntalar la formación técnica e industrial del Valle del Mezquital y del país, la Universidad Politécnica de la Energía (UPE) enfrenta hoy el riesgo inminente de su desaparición, justo a un mes de cumplir su duodécimo aniversario y con una comunidad de 636 estudiantes.
Detrás de la crisis confluyen dos factores determinantes: una maraña jurídica por la ocupación irregular de tierras en el ejido de Ignacio Zaragoza y una política de desinterés institucional por parte de la actual administración estatal, encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Natividad Castrejón Valdez y el Subsecretario de Educación Media Superior, Daniel Fragoso Torres, quienes han optado por eludir la continuidad institucional al tratarse de un proyecto heredado del sexenio priista.
A este escenario se suma la gestión de la rectora Brenda Flores Alarcón, señalada tanto por la comunidad universitaria como por los propios ejidatarios de mantener una postura indiferente, sin un proyecto real para incrementar la matrícula estudiantil ni voluntad para destrabar el conflicto legal. La nula promoción del plantel y el abandono de la oferta educativa han frenado el crecimiento escolar; una parálisis que en los hechos parece premeditada, perfilándose como la justificación administrativa ideal para que el Estado desmantele la institución en lugar de mediar o indemnizar a los dueños de los predios.
LAS 20 HECTÁREAS GRATUITAS QUE EL ESTADO DESPRECIÓ
En entrevista para Noticiero Retrovisor, Agustín Martínez Pacheco, comisariado ejidal de Ignacio Zaragoza, desmintió la narrativa oficialista que victimiza a las dependencias gubernamentales frente a supuestas pretensiones económicas desmedidas de los campesinos.
Martínez Pacheco reveló que el ejido ofreció originalmente hasta 20 hectáreas de tierra para edificar un verdadero complejo de educación superior pública. La condición planteada al Estado jamás fue económica: “no pedían un solo peso en efectivo”, sino la mediación gubernamental para resolver deudas y afectaciones históricas no liquidadas que diversas paraestatales y empresas mantienen con el ejido desde hace décadas:
- Ferrocarril de Carga: El derecho de vía concesionado a Kansas City Southern de México que atraviesa el ejido y nunca fue liquidado.
- Comisión Federal de Electricidad (CFE): Afectaciones e instalación de cableado de alta tensión y subestaciones que datan de la década de 1950.
- Petróleos Mexicanos (PEMEX): Cruces de ductos e infraestructura instalada desde 1973 sin indemnización.
- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA): Concesión de aguas residuales y rebombeo a través de los dos canales de riego que cruzan el ejido (abiertos en los años 80) para el campo local.
- Regularización y servicios: Cambio de uso de suelo y facilidades de concesiones para transporte público colectivo operado por el ejido con base en la universidad para dar servicio a la comunidad estudiantil.
“Ni siquiera le estábamos pidiendo dinero al gobierno; le dijimos: ‘siéntame con los representantes y titulares de las dependencias’. No creo que fuera mucho pedir a cambio de aportar las tierras para el conocimiento de nuestros jóvenes”, subrayó Martínez Pacheco.
NEGLIGENCIA, DESVÍO DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE DESALOJOS
Las autoridades estatales cambiaron el proyecto presentado a los ejidatarios y los trazos proyectados. Originalmente, el campus se ubicaría en una zona denominada “El Tablón”, pero tras el endurecimiento de la normatividad federal de protección civil en torno a ductos de Pemex (que exigía al menos 500 metros de separación), la SEPH y el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE) movieron el replanteo al otro lado de la carretera.
Sin licencias municipales de construcción formalizadas y sin escriturar las parcelas, las constructoras gubernamentales ingresaron a predios asignados a ejidatarios individuales. Frente al cambio repentino del proyecto original, el ejido intervino para negociar una permuta con los afectados, ofreciéndoles a cambio los terrenos donde inicialmente se proyectó la donación; propuesta que fue aceptada por los propietarios.
Sin embargo, con el cambio de administraciones y la cerrazón de la SEPH para plasmar el pliego petitorio en el convenio de donación, el enroque de tierras se canceló y la firma quedó congelada. Ante la negativa de la dependencia estatal para indemnizar o permutar conforme a derecho —sumada a la advertencia de sus emisarios de que preferían litigar antes de desembolsar un solo peso—, los ejidatarios afectados promovieron juicios reivindicatorios agrarios por separado.
El resultado es la asfixia operativa de la UPE: una ejidataria ya ganó en tribunales y ejecutó la recuperación de 7,200 metros cuadrados donde se asienta el edificio de laboratorios, dejando inutilizados simuladores y costosos equipos de perforación de la carrera de Ingeniería Petrolera. Entretanto, un segundo juicio agrario por más de dos hectáreas —dos edificios donde operan aulas, biblioteca y espacios comunes— se encuentra en su fase terminal en contra de la casa de estudios.
La respuesta oficial: discursos sin presupuesto
Pese a la gravedad de la sentencia judicial que ya despojó a la universidad de sus instalaciones técnicas, las posturas de los titulares del Ejecutivo y Educativo en Hidalgo han evadido el rescate de fondo. Aunque en discursos mediáticos el titular de la SEPH, Natividad Castrejón, ha declarado que se “busca privilegiar el derecho a la educación” y que se analizan alternativas legales o reubicaciones, en la práctica el gobierno del estado no ha asignado partida presupuestal alguna para finiquitar la compraventa de las fracciones ganadas por los particulares, ni ha establecido mesas de diálogo resolutivas con el comisariado ejidal.
Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar ha mantenido una política de distancia con los representantes ejidales, canalizando el asunto a mandos medios y delegados de gobernación que, en palabras del comisariado, únicamente han funcionado como “muro de contención” sin capacidad ejecutiva de firma ni resolución.
“ESTAMOS EN CEROS”: EJIDATARIOS FRENAN NEGOCIACIONES Y EXIGEN INSTITUCIONALIDAD
Tras casi una década de trámites, planos archivados en oficinas y promesas rotas, la paciencia en el ejido Ignacio Zaragoza se agotó. Hoy, la zona en litigio cuenta con certeza jurídica y escrituras tramitadas y costeadas por los propios comuneros, por lo que la asamblea determinó que no volverán a recibir emisarios sin capacidad resolutiva.
El comisariado ejidal, Agustín Martínez Pacheco, lamentó de manera frontal la cerrazón y el desinterés del gobernador Julio Menchaca Salazar, recordando que en el pasado incluso pretendieron liquidar las 20 hectáreas de terreno a cambio de un par de camionetas:
“Querían que firmáramos la asamblea la autorización de 20 hectáreas por dos camionetas… nosotros no estamos para eso. Queríamos que se nos atienda como marca el pliego petitorio. Yo le apuesto al 100% a la educación, y más cuando es gratuita porque a veces no hay ni para el pasaje; pero si las autoridades no quieren, ahí nos vamos a mantener. En el muro de la oficina llevamos siete años con estos planos trabajando para la universidad. No nos dimos por vencidos, pusimos un alto: estamos en ceros. Ya estuvo suave de ir a Pachuca; los problemas y la escuela están aquí en Tula, el día que los funcionarios quieran, que vengan a la asamblea y le den la cara a los ejidatarios.”
Asimismo, la representación ejidal reprochó la falta de continuidad del actual gabinete, el cual ha justificado su inacción argumentando que se trata de compromisos pactados en administraciones pasadas:
“Les dijimos en Palacio de Gobierno que fueran institucionales. Ellos decían: ‘es que no nos comprometimos a los acuerdos anteriores’. Pues sí, pero analízalos; el gobierno debe responder pase quien pase. Si la representación ejidal de 2014 dio el permiso para construir, nosotros hoy lo respetamos para regularizar; pero si cada administración llega desconociendo todo, no hay orden ni seriedad.”
¿CIERRE PROGRAMADO?
La UPE fue estructurada como una alternativa de movilidad social en el polo industrial de Tula, donde además ahora pasara el tren México Querétaro, ofertando carreras clave: Ingeniería en Energía, Ingeniería Petrolera, Ingeniería en Logística y Transporte, e Ingeniería en Seguridad para la Industria Energética, bajo un esquema de competencias con estancias directas en refinería y plantas de la región.
Sin embargo, el desinterés político por tratarse de una institución fundada en la recta final de la administración priista de Francisco Olvera Ruiz, combinado con la inactividad directiva de Brenda Flores Alarcón para dinamizar la matrícula o defender socialmente la infraestructura, coloca a la institución en un callejón sin salida.
Con la asamblea de Ignacio Zaragoza en postura de “cero metros más” y los juicios concluidos, el gobierno de Hidalgo parece planchar el camino para el cierre definitivo de la Universidad Politécnica de la Energía.
