El polémico proyecto del relleno sanitario regional en el predio “Siete Mezquites” ha quedado en pausa, pero el conflicto de fondo sigue m.
Tras una jornada de intensas protestas, movilizaciones y bloqueos por parte de habitantes del Valle del Mezquital, las autoridades estatales determinaron el cierre del sitio, condicionando su futuro a los resultados de estudios técnicos que determinen de manera científica si existe o no contaminación a los mantos acuíferos de la región.
Mientras que los comités ciudadanos y manifestantes aseguran haber impuesto una “cancelación definitiva” mediante la firma de una minuta con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNATH), la postura oficial del Gobierno se mantiene en una línea de cautela: el complejo permanecerá cerrado y sin operar mientras se comprueba técnica y jurídicamente que la obra no causa daños ambientales.
La presidenta municipal de Tezontepec de Aldama, acudió al punto del conflicto para manifestar abiertamente su respaldo político a los pobladores de su municipio, quienes temen una catástrofe ecológica, ya que el predio colinda con sus límites territoriales y mantos acuíferos.
No obstante, su apoyo fue meramente moral: la funcionaria abandonó las inmediaciones del predio antes de que se concluyera la redacción de la minuta ciudadana, por lo que su firma tampoco quedó plasmada en el papel.
El documento redactado por los manifestantes plasma la desconfianza hacia las autoridades.
Patricia Juárez Montiel, activista originaria de Tula, sintetizó el sentir de la comunidad frente al enviado del estado:
“Ellos nos argumentan que cuentan con todos los estudios técnicos, pero no han sido presentados en físico. ¿Quién nos garantiza que la geomembrana no va a fallar? Esta zona es de uso agrícola.
Andrés Noé Paz Hernández, exdirector de obras públicas de Tula, advirtió que el predio “Siete Mezquites” se ubica a escasos 3.7 kilómetros del manantial de Cerro Colorado y cuenta con corrientes subterráneas a solo 14 metros de profundidad. Una filtración de lixiviados pondría en riesgo el suministro de agua potable de más de 300 mil personas en seis municipios de la región.
Aunque el representante de SEMARNATH firmó únicamente en calidad de mediador y receptor de la demanda, los puntos plasmados por la comunidad en la minuta dictan un ultimátum drástico en caso de que el Gobierno del Estado decida ignorarlos:
- Cancelación definitiva e irrevocable del proyecto regional por violar la distancia mínima de cuerpos de agua que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003.
- Retiro inmediato en un plazo no mayor a 5 días de toda la basura ingresada de forma clandestina y de la maquinaria, bajo supervisión de una comisión ciudadana y de la PROESPA.
- Financiamiento de un estudio de caracterización del suelo por parte del Ayuntamiento de Tula para verificar si los desechos ya vertidos alcanzaron a contaminar el acuífero.
- Candados absolutos que impidan reactivar el basurero sin una consulta previa, libre e informada a las comunidades y sin estudios hidrogeológicos independientes.
Al cierre de la jornada, los manifestantes advirtieron que la firma de recibido del representante es el primer paso formal. De no obtener una respuesta idéntica por parte de las autoridades competentes en los próximos días, activarán medidas de presión radicales, incluyendo bloqueos carreteros, juicios de amparo y denuncias penales por delitos ambientales.
